Más allá de la ley

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue reactivada, y por ello los sectores poderosos se juegan sus cartas en una lucha que deja en el medio a la sociedad. Ni Clarín ni el Gobierno.

La ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada 10 de octubre de 2009 promueve como principales modificaciones la democratización y universalización de la información, desmonopolización, títulos de licencias, participación e igualdad de oportunidades, mayor emisión de contenidos nacionales, acceso universal para la transmisión de eventos deportivos, nuevas tecnologías y servicios, reconocimiento y participación de medios Municipales y Provinciales, Universitarios y Educativos.

La propuesta de la ley despertó tensión entre los sectores más poderosos del país: Grupo Clarín y el oficialismo. Ataques y contraataques se produjeron desde que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en marzo del año pasado el proyecto de ley.

A pesar de su aprobación en la Cámara de Diputados, la ley fue suspendida por una medida cautelar ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La denuncia fue radicada por el diputado Thomas, del opositor Peronismo Federal, ante la justicia por “vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”, durante el proceso de sanción de la ley en Cámara de Diputados.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió que la Ley continuara vigente y se reactivara el proceso de aplicación. A esto, el Grupo Clarín también tuvo sus objeciones en una lucha en donde pareciera que todo vale, porque se ponen en juego intereses económicos y políticos de los sectores dominantes.

En diciembre, con la ley en vigencia el grupo monopólico objetó ante la Corte que no se apliquen los artículos, el 41 y el 161 hasta que no este en funcionamiento la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual regula el funcionamiento de la ley y la aplicación de sus artículos.

El articulo 41 establece que “la propiedad de las licencias es intransferible, el licenciatario solo podrá desprenderse de ellas por la venta y la transferencia de las mismas, deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y sólo estará permitida en aquellos casos en que sea necesaria para la continuidad del servicio la presencia del licenciatario”.

La ley de medios tiende a garantizar la desconcentración de monopolios de la información, establece que una misma empresa no puede ser propietaria de más de “una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35% del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda”.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los artículos mencionados el Grupo Clarín deberá vender el 65% se sus licencias, para poder transferir sus medios de comunicación, y la Autoridad de Aplicación determinara los nuevos propietarios.

Por otra parte, el artículo 161° establece que “en el plazo de un año de entrada en vigencia de la ley los licenciatarios que no cumplan con los requisitos o tengan un número mayor de licencias de las permitidas deberán regularizar su situación”.

A ésto el Grupo monopólico agregó que ambos artículos violan al artículo 1324 del Código Civil que establece que “nadie puede ser obligado a vender excepto por orden judicial y ésta debe estar justificada por: expropiación del bien para utilidad pública, cuando la cosa sea indivisible y perteneciese a varios individuos o cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos, la obligación de realizar todo o parte de las cosas que estén bajo su administración”.

Claramente Clarín se convirtió durante los últimos años y avalados por la ley de la dictadura, en el monopolio de la información más grande en nuestro país, concentrando el poder de la información por sus diversos medios de comunicación. Disponiendo de la información como un gran negocio, respondiendo a sus propios intereses, una gran mercancía: la audiencia influenciada y los medios como formadores de opinión.

¿Democratización de la información?

En el año 2005, el ex presidente Néstor Kirchner, en alianza con Clarín, le extendió su licencia al monopolio por 10 años más firmando el decreto 527. Sin embargo, en el 2008 el kirchnerismo rompió con el Grupo por la posición del medio en el conflicto del campo, entre otras medidas del gobierno que empezaba a poner trabas al crecimiento monopólico.

En medio de un contexto diferente, la ley plantea democratizar la información y para ello es sumamente necesario que la división del espectro sea de forma igualitaria tanto para los sectores privados, como para el Estado y las organizaciones sociales. Y por otro lado, que una sola empresa deje de concentrar el poder de la información. Ahora ¿Cómo se regulara que ese poder no pase a manos del oficialismo?

Ante ello, la oposición ya tomó postura “Si se viene la concentración de medios por parte del gobierno nacional a raíz de la aplicación de la Ley 26.522, la decisión de la Corte Suprema de Justicia no es un avance. Ahora vamos a ver si la verdadera pretensión del oficialismo es querer democratizar los medios o tener sólo medios afines”, aseguró Ernesto Sanz, senador y titular del radicalismo tras la reactivación de la ley.

Además, aseguran que es el oficialismo quien va a decidir según sus alianzas y acuerdos quienes serán los que obtengan las licencias.

La ley propone la participación y pluralidad de voces, y por sobre todo una redistribución justa del espectro radioeléctrico. No cabe duda que el objetivo no es democratizar la información, sin embargo los medios comunitarios podemos hacer posible que eso suceda y la principal forma es participar y empezar a escribir la historia.