domingo, 15 de agosto de 2010

EDITORIAL: La acción es política

Este espacio, este papel que deja de ser papel, es de ahora en más algo diferente y de quién lo tiene en sus manos.

Estas palabras pretenden, no sólo sumarse para conformar párrafos que forman oraciones sino para convertirse en herramientas que se suman a otras que juntas luchan para transformar la realidad. Nosotros empezamos, justamente, por este papel.

Podes hacerlo un bollo y abandonarlo en cualquier lado, tal vez nunca nadie se entere. Pero si alguien te ve hacerlo, habremos generado juntos un hecho político.

Pero puede suceder que te interese esto que alguna vez fue un papel e indagues por qué dejó de serlo. En esa búsqueda seguramente te encuentres con nosotros/as. Ese será apenas el comienzo de un camino que tenemos mucho por recorrer, en el que no somos pocos pero sí insuficientes. Porque estamos convencidos que no hay que achicar los sueños sino amplificar las voluntades.

Como expresión de un colectivo, La Chispa viene a sumarse, como lo ha hecho el año pasado, a la lucha por la defensa de nuestros derechos, como estudiantes, ciudadanos/as y trabajadores/as.

Nuestra voluntad es ejercer el periodismo tomando posición, lejos de esa concepción objetivista que pretende imponer una supuesta independencia, y que encubre intereses creados.

El contexto político que pretende regular nuestro trabajo, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nos plantea un escenario en donde podemos ocupar espacios, multiplicar ideas y acciones. Si no asumimos esa responsabilidad esta ley dejará de ser una posibilidad, una grieta del sistema.

Desde este lugar, que pretendemos se amplíe constantemente, creemos en el periodismo que ejerce su poder para el bien común. En definitiva asumimos al periodismo como una acción política.

Desde esta coyuntura es que nos plantamos como periodistas comprometidos, no siendo la voz de nadie, sino generando espacios para los que no tienen voz puedan expresarse.

¿Un derecho garantizado?

La Universidad Nacional de La Plata- Facultad de periodismo y Comunicación Social ofrece desde hace años una política de extensión universitaria, la que consta en abrir diferentes espacios educativos por un lapso no superior a 5 años, en diferentes localidades de nuestro país.

Según lo expresado en el sitio web de La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, tal movimiento tiene el objetivo de «brindar espacios educativos a las personas que no tienen las posibilidades económicas y sociales de poder acceder a las facultades de las grandes ciudades. La extensión universitaria reviste en la actualidad gran importancia como vehículo para insertar a la Facultad en el medio con miras a realizar su función social; desarrollo armónico y sistemático de las actividades universitarias», acortando la distancia entre el estudiante y la carrera, y dando lugar a que la profesionalidad sea posible de concretarse. Y básicamente, dándole respuesta a un derecho tal como es la educación.

En el año 2004, la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Moreno, daban apertura a la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en la localidad de Moreno. La carrera se inicio con pocos estudiantes, debido que a la par de esta carera se inauguraba el Centro Universitario de Moreno por lo que la existencia del mismo todavía no estaba totalmente instalada en la comunidad.

Con este nuevo convenio que permitió el desarrollo de la carrera de Comunicación Social en Moreno, se daba apertura a la novena extensión áulica de esta Unidad Académica.

Año a año, se abría la inscripción para quien elegía cursar la carrera de Comunicación en Moreno, que a diferencia con las otras carreras dictadas en el CENUM, era la única que ofrecía la cursada completa en la extensión. En la administración del Cenum informaban las condiciones: se cursaban las 32 materias en Moreno, una vez aprobadas 11 materias había dos orientaciones (periodismo y planificación comunicacional) de las cuales el estudiante tenía derecho a optar cual cursar; sin embargo con el pasar de los años, los principales beneficios fueron desapareciendo.

En el año 2008, una decisión entre la Universidad Nacional de La Plata y la Municipalidad de Moreno modificaba el convenio que hasta ese entonces solo se renovaba sin modificación año a año. El año pasado en una entrevista a Marcela Caballero, coordinadora del Centro Universitario de Moreno explicó a La Chispa el porque de tal medida explicando que «A fines del año pasado la Universidad planteó el inconveniente de no contar con la cantidad de docentes para dictar las dos orientaciones en Moreno, motivo por el cual se decidió, en conjunto con la Municipalidad de Moreno, que una sola podría dictarse. Teniendo en cuenta los objetivos municipales se optó por planificación». Esta medida le impuso al estudiante lo que antes era una elección.

Un año después, ya en el 2009 se da a conocer la noticia que no se renovaría el convenio entre la Municipalidad y la Universidad, es decir, que ya no se abriría la carrera de Comunicación Social en Moreno los próximos años; la educación ya no era para «todos aquellos que siempre quisieron formarse a través de estudios superiores y nunca tuvieron la posibilidad de hacerlo» sino para los que tuvieron las condiciones en un periodo determinado.

Esta preocupación se expandía a los estudiantes de la carrera en curso, pues el pensamiento y la duda en común fue que iba a suceder con aquellos que por alguno motivo debían recursar una materia o podían hacerla en otro momento, entendiendo que el proceso educativo de cada estudiante es particular, de acurdo a sus posibilidades y objetivos.

La preocupación fue aumentando, las respuestas llegaban por Federico Varela, coordinador de la extensión y hasta por el mismo Alejandro Verano, Decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, quienes en varias ocasiones declararon que «Se garantiza la finalización de la carrera en Moreno a todos los estudiantes».

Sin embargo, como sucede desde que se inicio la extensión, las condiciones fueron decayendo. Hoy los estudiantes de primero, segundo e incluso tercer año son obligados a cursar de manera continua y a un ritmo acelerado impuesto por la Universidad, ya que hay materias que ya no vendrán y deberán viajar hasta La Plata para cursarla, alterando los horarios con los que cuenta cada uno y determinando su proceso de estudio.

Entonces: Realmente, la propuesta de extensión ¿Garantiza a todos la formación en estudios superiores y brinda la posibilidad de hacerlo? A la espera de respuestas y soluciones ofrecemos La Chispa como medio de dialogo entre las autoridades y los estudiantes.

Jornada «Día del Periodista»

El pasado viernes 18 de junio se realizó en el CENUM (Centro Universitario de Moreno) una charla-debate sobre Medios y Dictadura, en la que participaron integrantes del Instituto Espacio para la Memoria, estudiantes de escuelas secundarias y jóvenes de centros universitarios locales. La jornada, organizada por Actitud Estudiantil, se realizó con motivo de conmemorar el «día del periodista».

El primer panelista que abrió la charla fue Osvaldo Corvalán, responsable del Área de Trasmisión de la Memoria del Instituto Espacio para la Memoria, quien se encargó de ubicar históricamente los acontecimientos previos que desembocaron en la última dictadura militar, las condiciones económicas, sociales y políticas a partir de la década del ‘60 y los principios de los ‘70.

Aquí se habló sobre la conformación de nuevos movimientos de liberación que comenzaban a aparecer en diferentes puntos de América Latina y el mundo, «la guerrilla». Mientras que en Argentina buscaban reestablecer un nuevo sistema de país, que tras la dictadura que comenzó con Onganía, se amoldaba una sociedad descreída de lo democrático.

Luego de Osvaldo Corbalán llegó el momento de Christian Rémoli, que a través de la visualización de una de sus producciones documentales, «Mundial 78, verdad o mentira», hizo una introducción sobre la tarea periodística y las relaciones de los diferentes grupos de comunicación que actuaban durante el gobierno de facto al mando de Rafael Videla.

También se realizó una reflexión acerca de cómo se usó el campeonato mundial de fútbol de 1978 en Argentina para encubrir el terrorismo de Estado, que dio pie para profundizar más la manipulación de la información y el control de la opinión pública, tanto del gobierno como de las empresas de comunicación cómplices que encubrían toda actividad clandestina.

Más tarde fue el turno de Liliana Belforte, responsable del Área de Comunicación del Instituto Espacio para la Memoria, quien trajo a la charla la situación de los medios de comunicación en la etapa del «Proceso de Reorganización Nacional», donde uno de los momentos más significativos fue la ley de radiodifusión (ley 22.285), modificada recientemente.

Belforte remarcó que varios diarios de alcance regional quedaron marcados por publicar en aquella época información que le fue funcional al gobierno, mientras que se cometían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, actualmente esos medios siguen marcando el rumbo de la opinión pública, a la vez que continúan realizando negocios con los mismos grupos empresarios que apoyaron al régimen.

Además, habló de apostar a la lucha para que se apruebe la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, «cuyo principal objetivo es la de reemplazar la vieja ley de la dictadura que está aplicada de manera imperial, ya que favorece a unos pocos empresarios». No sólo apostar a esta medida sino que es necesario para poder tener una «pluralidad de voces» al darle lugar a otros medios, explicó Liliana Belforte.

Por último, finalizó la jornada con un reconocimiento a los panelistas por el trabajo que vienen realizando día a día desde el Instituto Espacio para la Memoria, en las prácticas de transformar a los ex centros clandestinos de detención, como la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el Olimpo o el Club Atlético, entre otros, en galerías de arte o museos de la memoria. También el trabajo de Christian Remolí, cuyo documental dio lugar a conocer como influyó un espectáculo deportivo a nivel mundial para encubrir muertes y desapariciones.

La jornada cumplió con el objetivo de profundizar algunas discusiones que no sólo están en el imaginario social, atrocidades que actualmente se están sentenciando, pero que más allá de enjuiciar a la mano ejecutora, también debería reverse el papel cumplido por quienes detentaron el uso de la libertad de prensa, no para informar y alertar a la sociedad, sino que por lo contrario ocultar todo lo que ocurría. Esa distorsión del rol del periodista es a la discusión que se busca llegar, qué periodismo realizarán los futuros profesionales y cuál será su compromiso social.

Los costos del Bicentenario

Los festejos por el Bicentenario generaron controversias en los diferentes sectores, organizaciones políticas y sociales, que especulaban con los posibles gastos que podría acarrear, en donde se asignaron partidas que estaban destinadas al Plan Familias, fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, Jefes/Jefas, Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos, asignaciones por hijos y otros planes provinciales.

Tras esas idas y venidas se llevaron adelante los festejos por la Revolución de Mayo, cuyos gastos dan una idea de las dimensiones que atravesaban aquellas discusiones. El presupuesto que se destinaría en un principio para todo el 2010 sería de $163,9 millones ejecutados desde la Secretaria General de la Presidencia. Dicho monto fue reducido en dos ocasiones, primero $8 millones en marzo y luego $21 millones en abril, lo que dejó un monto de $134, 9 millones.

Según el portal de internet elauditor.info, de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), el Gobierno gastó en lo que va del año $69,4 millones, de los cuales unos $46,5 millones fueron durante mayo. De ese dinero $11,1 millones fueron al sector privado e instituciones culturales, como la Fundación Madres de Plaza de Mayo; $27 millones fueron al sector público nacional, provincias y municipios; mientras que $30 millones entraron en el ítem de «otros servicios». Cada Stand provincial contó con $900 mil del presupuesto total, y el desfile artístico central, según fuentes de Fuerza Bruta, alcanzó los $15 millones.

También es importante dar una idea de los gastos realizados para dichos festejos en ámbitos municipales. En Moreno el festejos central del 25 se iba a realizar el pasado 23 de mayo, al que pospusieron por la lluvia, pero que realizaron finalmente el 6 de junio pasado.

Según datos de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Moreno se gastaron $91.235 sin contar las contrataciones. De este dinero, $14.300 se destinaron a las carpas, $1.600 en vallas, $19.885 para el escenario, $19.750 en sonido, $16.700 en grupos electrógenos, $15.000 en fuegos artificiales, y $5.600 en afiches publicitarios.

Estos son algunos datos a tener en cuenta a la hora de participar activamente de los festejos patrios, los que pasaron y los que vendrán, ya que la intervención social no sólo se da al presenciar los eventos, sino desde un principio con el pago de los impuestos. Entonces, el compromiso debe acentuarse en ese sentido, el de controlar los gatos públicos y las decisiones políticas, para que los sujetos democráticos no se diluyan luego de efectuar los votos.

La balanza de la desigualdad

Con el transcurso de los años se pudo percibir en la localidad de Moreno una gran emergencia habitacional, debido al crecimiento demográfico. Dicho factor, junto al agravante de que muchas personas no poseen el dinero necesario para comprar un terreno, concluyeron en los numerosos casos de desalojos de los últimos años.

Esta medida suele ordenarse a partir de la denuncia del dueño de la propiedad, luego se procede a verificar la titularidad de la persona y se lleva a cabo dicho proceso. Las causas pueden originarse por medio de la usurpación directa de la vivienda ajena o a través de una estafa.

Si bien en la determinación judicial de los casos de desalojos prima la ley, no es cualquier derecho el que prevalece ante la resolución del problema, sino que es el derecho a la propiedad privada. Lo que deja entrever que esta problemática es tratada como un mero asunto, donde la raíz profunda, la necesidad de una vivienda, se deja de lado, en tanto se tiende a beneficiar a unos pocos mientras se deja desamparado a muchos. En caso de usurpación se lleva adelante la orden de desalojo en defensa del titular, mientras que con los estafados solamente cuentan con el derecho de iniciar una acción penal contra el embaucador, pero mas allá de eso nadie resuelve la situación de emergencia habitacional que padecen estos.

Parecería que para el Juez de Paz Letrado de Moreno, Juan Francisco Radrizzani, el derecho a la propiedad privada prevalece sobre el derecho a una vivienda digna, lo cual genera una gran desigualdad, debido a que por ello son despojadas numerosas familias a través de la privación de las necesidades básicas, como lo es poseer un lugar digno donde vivir. Esto se ve reflejado en la declaración que él mismo hizo para FM Moreno durante el programa «Nunca es tarde», en el cual comentó que si una persona le dice que fue estafada, él no tiene porqué desalojarla, pero que si el dueño real acreditado le comenta que necesita ese terreno, no puede hacer más que llamar a audiencia a la parte embaucada, y otorgarle un mes o dos antes de proceder con el desalojo.

Este desinterés por parte de las autoridades, que en el tratamiento del problema también puede verse, se complejiza aún más con el modo habitual en que proceden las fuerzas policiales al momento de efectuar la desocupación de las tierras, acudiendo a la represión, así como sucedió en el año 2008 en los barrios San Carlos y Malaver.

Por otro lado, en ciertas ocasiones, logran convencer a los habitantes de abandonar el predio con la condición de trasladarlos a otro lugar, pero al llegar allí se dan cuenta de que no existen soluciones sino más problemas, debido a las precarias condiciones en que muchas veces suelen estar los terrenos.

Un claro ejemplo de ello fue lo sucedido en Barrio 2000, ubicado en la localidad de Moreno, en donde Ramona Peña fue desalojada de su vivienda a la fuerza por parte de la policía, con el argumento de que el hogar tenía un juicio por cobro judicial, en el que el fallo había sido a favor del prestamista.

Por ende, de no ser resuelta esta situación a tiempo, tanto el déficit habitacional como el aumento demográfico y la ausencia de una adecuada posición económica, provocaría que una gran cantidad de familias queden desamparadas y en situación de calle.

Para ello, sería preciso dejar de lado el individualismo, alcanzar un profundo cambio cultural, y por consiguiente, cada una de las partes en cuestión, ya sean los damnificados, las autoridades y los propietarios de cada predio, deben entablar un diálogo en conjunto y generar un debate para llegar a un consenso, donde la solución beneficie a todos los involucrados.

A partir de todo lo mencionado queda claro que el verdadero problema de los desalojos, es la difícil circunstancia que atraviesan los perjudicados, es decir, aquellas familias que permanecen en la calle luego de perder lo que hasta ese momento era su hogar. Esto sucede debido a que no existe un marco legal que contemple a quienes están en esta situación. Aun así el Juez Radrizzani insiste con que el amparo se origina al enterarse que no existen terrenos fiscales, al saber que la tarifa de los predios en la localidad de Moreno no está por debajo de los 10 mil o 15 mil pesos, y por último al evitar ser engañados.

Al contrario de lo que debería priorizarse en la resolución de los desalojos (debido a que el derecho a un hogar digno donde vivir es primordial), es el derecho a la propiedad privada el que se tiene en cuenta ante el abordaje del asunto. Como se mencionó anteriormente, es necesario otorgarle a este conflicto la trascendencia que merece para llegar al fondo del asunto y así lograr un verdadero cambio, que a su vez sea positivo.

La beca o el plan: las dos no

Luego de una medida dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, los chicos y chicas beneficiados por la asignación universal dejarán de recibir el beneficio de las becas escolares del plan «De la esquina a la escuela».

La anulación surge por el hecho ya anunciado en 2009 de que las personas que recibieran el plan universal por hijo no podrían recibir otro tipo de ayuda social, así fue reglamentado y así se estaría disponiendo.

Luego de dictaminarse ese anuncio, para ser más exactos, un mes después, un decreto complementario dispuso que las ayudas alimentarias sí fueran compatibles, lo que ponía a favor de los beneficiados y no modificaba ningún plan llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Pero hay un grupo de chicos que se verá afectado, ya que la incompatibilidad de prestaciones radica entre los que cobran el «galardonado» plan «De la esquina a la escuela» (beca que reciben aproximadamente 3 mil chicos de entre 12 y 18 años que han retomado sus estudios), y la asignación universal por hijo, así como también el conocido plan Jefes y Jefas de Hogar, el de empleo comunitario y el Plan Familia.

La implementación de becas de estudio da la posibilidad a los interesados de acceder a un marco educativo adecuado. Se espera que la ayuda sea utilizada para cubrir diferentes necesidades como por ejemplo: vestimenta y calzado, movilidad, útiles escolares, materiales para la capacitación, entre otros. Claro que este gasto es supervisado.

Hay que tener en cuenta la implementación del nuevo plan «De la esquina a la universidad», la cual comenzó a funcionar este año y se suma a las ya conocidas «De la esquina a la escuela» y «De la esquina al trabajo». Este nuevo incentivo tiene como objetivo generarles a los jóvenes de entre 18 a 26 años, un ingreso de $150 para seguir su educación superior.

Recordando que el aporte del los planes mencionados son, innegablemente, el sustento de muchas familias en condiciones de desempleo, y teniendo en cuenta la importancia de la educación en los tiempos que corren, es un debate interesante plantear el porque de la no correlación entre estos planes.

El incentivo necesario para los jóvenes que desean volver a retomar sus estudios es importante para el envión emocional, ya que en una sociedad donde la educación no es un tema en boca de todos, pero sí necesario para el desarrollo personal, las políticas públicas no prevén estas cuestiones.

Por un estado plurinacional

Los Pueblos Originarios presentaron al gobierno en el marco del Bicentenario, propuestas para una reparación histórica y el reconocimiento de sus derechos con el proyecto de una Argentina intercultural, por la defensa de los recursos naturales y la redistribución de las tierras para garantizar un estado plurinacional.

Esta necesidad de ser respetados es parte de su tradicional exigencia, puesto que a pesar del progresismo de esta nueva era, los indígenas argentinos aún no se encuentran representados de manera digna, tanto en el sistema legal como en lo social.Para ello exigen que se ordene la mensura y titulación de todos los territorios comunitarios indígenas, como paso inmediato a la aplicación urgente del «Programa de Relevamiento Territorial» (Ley 26.160 y 26.554, bajo el marco legal vigente) y que se reconozcan las lenguas indígenas como lenguas oficiales del Estado Argentino, entre otras cosas.

Este reclamo se hizo tangible en capital federal previo la conmemoración de la revolución de Mayo durante un encuentro entre comunidades provenientes de distintos puntos del país. La Confederación Mapuche de Neuquén, la unión de Diaguitas, Kollas Autónomas, entre otras organizaciones indígenas fueron los protagonistas de este suceso.

También estuvo presente el artista y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel quien en apoyo de esta causa declaró «hay que acompañar a los pueblos originarios porque somos parte de esto y su problema es nuestro problema» y agregó «yo soy un mestizo pero no tengo que olvidar mis raíces, hay un dicho que dice que si no sabes a dónde vas regresa para saber de dónde vienes».

Estos tipos de eventos masivos sirven para concientizar a la sociedad de su existencia como la visibilidad que esto genera, contribuye a poner en evidencia la lucha desequilibrada por no desaparecer.

Claudio y Fernando, representantes de comunidades Mapuches de Río Negro denuncian su injusticia, esa que es la resistencia constante contra el despojo de los gobiernos y piensan que no le dan la participación necesaria, porque lo único que quieren es robares su tierras ancestrales. Consideran que solo se hacen visibles cuando hay elecciones.

Los silenciados se hicieron escuchar en aquella multitudinaria marcha, un llamado a la concientización de todos, esa que no fue un lindo desfile de carrozas y actores. Ellos son la vida misma, las páginas arrancadas del libro que no los registra y a pesar de todo, ellos son la fuerza de su redención. Hay otra historia, y esa tiene más de 200 años.

Todavía no hay respuestas sobre un lugar fijo para los materiales del centro

El 10 de mayo del corriente año, el Centro Cultural «El Galpón», fue desalojado mediante un operativo policial, en los que se encuentran el abogado municipal, Dr. Miguel Ángel Echarry y el Subsecretario de Justicia, Dr. Norberto Descarrea, como los responsables del procedimiento.

Actualmente, los integrantes del centro no poseen un lugar fijo en donde realizar sus actividades, ya que el desalojo fue de manera violenta y sin previo aviso. Por eso, no se pudo encontrar un lugar inmediato donde trasladar los libros y los instrumentos, que mientras tanto, se estropean en la intemperie desde el día del hecho.

Asimismo, los responsables del centro, debieron ceder la mitad del predio a la Municipalidad de Moreno en el año 2007, para el almacenamiento de mercaderías de parte de una de las cooperativas de Francisco Álvarez, «Argentina Trabaja», pero la Jefatura del Departamento de Investigaciones de Mercedes (DDI), llevó adelante un allanamiento durante el año 2009 en el lugar.

Se encontró mercadería robada de los camiones de la fábrica Nestlé, por una banda conocida como piratas del asfalto, del que era participe el delegado municipal de Moreno en Francisco Álvarez, el señor Basilio Kusmik, quien colaboraba en ese momento para colocar la mercadería dentro del vehículo con caja térmica.

Los coordinadores del centro cuentan con el decreto municipal dictado y firmado por el ex Intendente, Mariano West, con el expediente Nº 4078-3320 5-A-00 FOJAS 4/7, en el cual se les cede un permiso para que utilicen el predio como un centro cultural en carácter de sociedad civil.

El centro cultural ubicado en el predio de la estación ferroviaria de Francisco Álvarez, se formó el día 3 de octubre del 2000 como un espacio socio-cultural y deportivo para la sociedad. El coordinador general, Cristian Pulitano, aseguró que «con muchos docentes comenzamos los talleres y se formó una gran familia con códigos de convivencia y armonía».

Mientras tanto, luego de reiteradas demandas por el predio, los responsables del centro, en coordinación con profesores, realizaron este miércoles 9 de julio con el fin de poner al corriente a los miembros sobre la situación, ya que todo el lugar se encuentra utilizado legalmente por la Municipalidad de Moreno.

Según el Intendente Andrés Arregui, el lugar tiene asignado un uso estratégico para el plan de obras públicas y para las obras previstas en el marco del programa «Argentina Trabaja», por eso aseguró que el uso del lugar por parte de cualquier otra organización social o persona particular es irregular.