La interrupción del embarazo, la práctica denominada aborto, es un delito penal presente en el Código Penal Argentino bajo el título de “Los delitos contra las personas”, cuyo capítulo primero, en sus artículos 85 al 88, define los delitos contra la vida. Dichos artículos condenan a ser reprimidos con la prisión a quienes causen un aborto, ya sea la mujer de forma independiente o por medio de la práctica de un profesional.
La legalización del aborto es una de las principales luchas que encabezan las organizaciones sociales a favor de los derechos de las mujeres a decidir por su propio cuerpo.
Producto de ello se realizó una “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, que hizo posible que sea presentado en Cámara de Senadores un proyecto de ley por la despenalización del aborto y la legalización de la misma práctica.
Toda mujer tiene derecho a decidir en que momento de su vida ser madre, por lo que cuando no lo considere puede tener la posibilidad, con un acompañamiento profesional, de acceder a una práctica abortiva segura y confiable.
Para ello, se considera necesario que “los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones con el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos”, tal como lo menciona el proyecto de ley sobre aborto.
Aún no ha llegado a discutirse por los gobernantes, sin embargo el tema demuestra ser de interés general y su tratamiento en las Cámaras de Gobiernos una necesidad.
La legalización del aborto es una de las principales luchas que encabezan las organizaciones sociales a favor de los derechos de las mujeres a decidir por su propio cuerpo.
Producto de ello se realizó una “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, que hizo posible que sea presentado en Cámara de Senadores un proyecto de ley por la despenalización del aborto y la legalización de la misma práctica.
Toda mujer tiene derecho a decidir en que momento de su vida ser madre, por lo que cuando no lo considere puede tener la posibilidad, con un acompañamiento profesional, de acceder a una práctica abortiva segura y confiable.
Para ello, se considera necesario que “los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones con el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos”, tal como lo menciona el proyecto de ley sobre aborto.
Aún no ha llegado a discutirse por los gobernantes, sin embargo el tema demuestra ser de interés general y su tratamiento en las Cámaras de Gobiernos una necesidad.
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