Para las personas que pasaron por un proceso penal es muy difícil poder reinsertarse en la sociedad, y principalmente en el ámbito laboral. Esta exclusión forma parte del mismo proceso.
La exclusión social como definición “hace referencia a un proceso social de desintegración, en el sentido de una progresiva ruptura de las relaciones entre los individuos y la sociedad que está emergiendo”. Así existen diferentes formas de exclusión que se profundizan cada vez más desde lo económico y desde lo social.
Claramente, esta es una definición que se impone en la sociedad a través de las leyes que siguen marcando diferencias entre clases sociales. Los ciudadanos que por diferentes motivos y responsabilidades pasan o pasaron alguna condición legal, como estar presos cumpliendo condenas, son el reflejo de una potencial exclusión del trabajo que problematiza más la reinserción en la sociedad.
En el centro de Moreno funciona un Patronato de Liberados donde trabajan 3 coordinadores, dos abogados y 25 trabajadores sociales con una población de 1700 personas por año. Entre otras tantas funciones de integración e inserción, una de ellas es en el ámbito laboral.
Romina Rosa remarcó que existe un largo proceso burocrático de reinserción (obtener el DNI, hacer un estudio ambiental de su hogar, incluirlo en algún programa laboral donde su ejecución tarda 6 meses, etc), que genera una frustración muy grande y que les impide poder manejarse en la sociedad como todos ciudadanos, sintiéndose parte.
“Sucede desde las situaciones cotidianas, suele pasar que a veces consiguen trabajo, llegan los seis meses, salta la causa y quedan excluidos. Es una contracción, porque socialmente no se les da una segunda oportunidad por más que trabajen bien. O también pasa mucho que necesitan sacar el registro profesional (para remís o para conducir colectivo), salta la causa, y ahí se les complica”, explicaba Mónica Saldaña.
Y así, agregó Romina Rosa, “es el mismo contexto el que habilita que uno siempre vuelva a romper con las reglas porque sienten que no puede, se sienten solos. Nosotros acompañamos desde el apoyo pero la realidad concreta es que el Estado no tiene una política de empleo seria para la población, y justamente la población que sale de estar en la cárcel es la población que pasó por todas la ventanillas del Estado y que no tuvieron respuesta”.
Desde lo legal la tarea de las trabajadoras/es sociales se complejiza aún más. El 4 de agosto de este año se aprobó la modificación de la ley N° 12.256, que dispone la creación de una secretaria de control que incorpora cargos dentro del patronato de liberados. Esto es otra representación del lugar que simboliza para el Estado un ex presidiario, “es la visión que es Estado tiene del sujeto como objeto, no se habla de inclusión sino cada vez de más formas de control”, concluyó Romina Rosa.
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