martes, 20 de octubre de 2009

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: FUTURO DESALENTADOR

Más de trescientas organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, de pequeñas y medianas empresas y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley.

Este año, el gobierno «K» logró introducir en el Senado un proyecto de ley «de medios» que modifica la ley 22.285, dictada durante la última dictadura genocida militar. La nueva Ley ya tiene media sanción de la cámara de diputados y el lunes 28 comenzó el tercer plenario de discusión.

Sin embargo, decir que esta ley es Kirchnerista, como afirman el grupo Clarin, la Asociación de Empresarios Argentinos, entre otros monopolizadores de la información que siguen vigentes gracias a la vieja ley,»es ignorar la cantidad de años que decenas de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, de comisiones de la comunicación de legisladores y dirigentes han luchado para cambiar la ley de la dictadura» tomando la palabra del diputado electo de Proyecto Sur, Pino Solanas.

Si bien la ley diversifica, descentraliza y desmonopoliza, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan, no sólo «evitando» cualquier tipo de monopolios, sino resguardando los derechos de todos los sectores, pero sobre todo a aquellos que día a día construyen una comunicación solidaria, participativa y plural, como lo hacen los medios alternativos y comunitarios.

En el sitio web de la Red Nacional de Medios Alternativos queda evidenciado su postura «si bien aclaran que en la nueva ley estarán contemplados los 21 puntos por una radiodifusión democrática que fueron elaborados por una coalición formada por distintos sectores sociales, nosotros entendemos que los mismos son preceptos generales (con los que estamos de acuerdo), pero que pueden ser plasmados de diferentes maneras en una ley. Y entendemos que es nuestro derecho y la obligación del gobierno dar a conocer el proyecto y hacer un debate público».

Por ello, LA CHISPA entrevisto a Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), quienes presentaron modificaciones al Proyecto de Ley donde se pedía «que se nos reconozca como actores separados de las entidades sin fines de lucro; que en la reserva del 33% la mitad fuera para los medios comunitarios; que a aquellos medios comunitarios que a la fecha de sancionarse la ley estén probadamente operativos deben otorgárseles automáticamente las frecuencias, que se haga una excepción en cuanto a la «ilegalidad» para las medios comunitariosque a la fecha de sancionarse la ley estén transmitiendo».

Además, «no estamos dentro de los Prestadores del artículo 21. Allí refiere a tres tipos, uno de los cuales son los de gestión privada sin fines de lucro. Pero tipificarnos dentro de este tipo de prestador significaría tener que concursar licencias con Fundaciones y Asociaciones de mucho mas poder político y económico que el de nuestros medios. (ej: la CGT, Fundación Ford, etc ) Esto es claramente una desigualdad», continuo Arencibia.

Otras modificaciones que plantea la RNMA es que la ley debería otorgarle mecanismos diferenciados y específicos para el acceso a licencias y armado del plan técnico, asignación automática de licencias a todas aquellos medios comunitarios que al momento de la sanción de la ley estén transmitiendo; reserva específica del espectro, representantes en la Autoridad Federal del Servicio de comunicación y en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; aumento del presupuesto destinado al fomento de emisoras comunitarias y reducción de la cantidad de licencias por prestador de 10 a 4.

Con respecto a este último punto, vale la pena citar al periodista y relator Victor Hugo Morales: «los medios concentrados nos quitan trabajo, nos condicionan, nos limitan» ya que «libertad son muchos medios, libertad es que si me echan de este trabajo porque molesta lo que digo, pueda encontrar rápidamente otro sitio donde expresarme».

En la actualidad menos de veinte ejecutivos y empresarios manejan alrededor de 200 medios, deciden cuáles son los temas que les tienen que interesar a los argentinos y manipulan las ideas de millones de personas en función de intereses particulares.

Respecto al párrafo anterior, la RNMA expreso en su sitio web que «la información y la libre expresión sean un derecho de todos, no atiende solamente a cuanto «espacio» en el espectro radiofónico tenga cada uno. La democracia no existe tampoco si no hay una pluralidad de voces en el debate público. Una ley de «medios audiovisuales» debería asegurar también la pluralidad de contenidos y la diversidad cultural en los medios de comunicación», continuando que si los dueños de la mayoría de los medios son tres o cuatro grupos, lo que pasa es lo que nos toca ver todos los días: leemos en el diario lo mismo que vemos en la tele, y escuchamos lo mismo en la radio, y es lo mismo que vemos en las publicidades.

Sin embargo, estas modificaciones al proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales no fueron incluidas en la ley aprobada con media sanción en Diputados. «Con la nueva ley se abren perspectivas complicadas (pensamos en situaciones de decomisos y de la imposibilidad de obtener «legalidad» para muchos medios) tanto para los medios comunitarios, alternativos y populares que estén transmitiendo como para aquellos que quieran salir al aire desde la aprobación de esta ley en adelante», concluyo Arencibia.

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