Esta medida suele ordenarse a partir de la denuncia del dueño de la propiedad, luego se procede a verificar la titularidad de la persona y se lleva a cabo dicho proceso. Las causas pueden originarse por medio de la usurpación directa de la vivienda ajena o a través de una estafa.
Si bien en la determinación judicial de los casos de desalojos prima la ley, no es cualquier derecho el que prevalece ante la resolución del problema, sino que es el derecho a la propiedad privada. Lo que deja entrever que esta problemática es tratada como un mero asunto, donde la raíz profunda, la necesidad de una vivienda, se deja de lado, en tanto se tiende a beneficiar a unos pocos mientras se deja desamparado a muchos. En caso de usurpación se lleva adelante la orden de desalojo en defensa del titular, mientras que con los estafados solamente cuentan con el derecho de iniciar una acción penal contra el embaucador, pero mas allá de eso nadie resuelve la situación de emergencia habitacional que padecen estos.
Parecería que para el Juez de Paz Letrado de Moreno, Juan Francisco Radrizzani, el derecho a la propiedad privada prevalece sobre el derecho a una vivienda digna, lo cual genera una gran desigualdad, debido a que por ello son despojadas numerosas familias a través de la privación de las necesidades básicas, como lo es poseer un lugar digno donde vivir. Esto se ve reflejado en la declaración que él mismo hizo para FM Moreno durante el programa «Nunca es tarde», en el cual comentó que si una persona le dice que fue estafada, él no tiene porqué desalojarla, pero que si el dueño real acreditado le comenta que necesita ese terreno, no puede hacer más que llamar a audiencia a la parte embaucada, y otorgarle un mes o dos antes de proceder con el desalojo.
Este desinterés por parte de las autoridades, que en el tratamiento del problema también puede verse, se complejiza aún más con el modo habitual en que proceden las fuerzas policiales al momento de efectuar la desocupación de las tierras, acudiendo a la represión, así como sucedió en el año 2008 en los barrios San Carlos y Malaver.
Por otro lado, en ciertas ocasiones, logran convencer a los habitantes de abandonar el predio con la condición de trasladarlos a otro lugar, pero al llegar allí se dan cuenta de que no existen soluciones sino más problemas, debido a las precarias condiciones en que muchas veces suelen estar los terrenos.
Un claro ejemplo de ello fue lo sucedido en Barrio 2000, ubicado en la localidad de Moreno, en donde Ramona Peña fue desalojada de su vivienda a la fuerza por parte de la policía, con el argumento de que el hogar tenía un juicio por cobro judicial, en el que el fallo había sido a favor del prestamista.
Por ende, de no ser resuelta esta situación a tiempo, tanto el déficit habitacional como el aumento demográfico y la ausencia de una adecuada posición económica, provocaría que una gran cantidad de familias queden desamparadas y en situación de calle.
Para ello, sería preciso dejar de lado el individualismo, alcanzar un profundo cambio cultural, y por consiguiente, cada una de las partes en cuestión, ya sean los damnificados, las autoridades y los propietarios de cada predio, deben entablar un diálogo en conjunto y generar un debate para llegar a un consenso, donde la solución beneficie a todos los involucrados.
A partir de todo lo mencionado queda claro que el verdadero problema de los desalojos, es la difícil circunstancia que atraviesan los perjudicados, es decir, aquellas familias que permanecen en la calle luego de perder lo que hasta ese momento era su hogar. Esto sucede debido a que no existe un marco legal que contemple a quienes están en esta situación. Aun así el Juez Radrizzani insiste con que el amparo se origina al enterarse que no existen terrenos fiscales, al saber que la tarifa de los predios en la localidad de Moreno no está por debajo de los 10 mil o 15 mil pesos, y por último al evitar ser engañados.
Al contrario de lo que debería priorizarse en la resolución de los desalojos (debido a que el derecho a un hogar digno donde vivir es primordial), es el derecho a la propiedad privada el que se tiene en cuenta ante el abordaje del asunto. Como se mencionó anteriormente, es necesario otorgarle a este conflicto la trascendencia que merece para llegar al fondo del asunto y así lograr un verdadero cambio, que a su vez sea positivo.
